Ante la oleada de titulares de prensa que parten del comunicado emitido de forma interesada desde el Ayuntamiento de Alcorcón a raíz de la reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles, una vez leída la sentencia de forma detenida, cabe realizar una serie de correcciones sobre todo lo vertido en los medios.

En primer lugar, hay que señalar que se trata de una sentencia que no es firme, cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia y desde los sindicatos CGT, CCOO y USO ya se ha anunciado recurso por la vía correspondiente.

En segundo lugar, con una lectura sosegada de la sentencia podemos apreciar que desestima la mayor parte de los motivos y argumentaciones mantenidos por la empresa y por el Ayuntamiento. Como decimos, desestima los principales motivos de la demanda, precisamente aquellos basados en los hechos en los que de una forma u otra podrían atribuirse a los miembros del Comité de Huelga y a los Sindicatos convocantes, pero inexplicablemente, se estima el único motivo genérico en el que no consta en modo alguno relación de causalidad entre los hechos y convocantes de la huelga.

De esta manera, encontramos que afirmaciones gratuitas tan graves como que hubo incumplimiento de los servicios mínimos, que la huelga obedecía a causas ajenas a los intereses profesionales de los trabajadores, o que hubo ocupación del centro de trabajo y en las dependencias de la empresa han sido desestimados de forma categórica.

Efectivamente, en el Fundamento Jurídico Segundo de la Sentencia queda bien claro que en el acto de juicio la empresa fue incapaz de demostrar que hubiese incumplimiento de los servicios mínimos, señalando que “es necesario mayor rigor probatorio por parte de la empresa”, “No se prueba que los servicios mínimos hubieran sido incumplidos” y “Por tanto esta causa de ilegalidad de la huelga en la que se fundamenta la demanda para solicitar dicha declaración, se desestima.”

Del mismo modo, en los Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto, la sentencia desmenuza la pretensión empresarial de “declaración de ilegalidad de la huelga por obedecer a causas ajenas a los intereses profesional”, entendiendo precisamente que es todo lo contrario, y mientras en el Fundamento Jurídico Tercero se especifica:

-  Que el Convenio Colectivo recoge en su artículo 49 que “la retirada selectiva (vidrio, cartón plástico, etc), se realizará por el personal adscrito a este convenio colectivo”

-  Que el Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2011 suscrito entre las secciones sindicales, el Comité de Empresa, y la empresa, “para la disminución del gasto de personal para el mantenimiento de los puestos de trabajo” recogía una bajada de los salarios a cambio de mantener todos los puestos de trabajo, afectando el compromiso a toda la plantilla fija e indefinida de la empresa y a todos los servicios prestados por la misma.

-  Que el Ayuntamiento de Alcorcón, aun teniendo suscrito el Convenio de Adhesión al Convenio Marco  entre la Comunidad de Madrid y Ecovidrio había “optado por la realización directa de la recogida selectiva del vidrio y su transporte hasta la instalación receptora de Ecovidrio

En el Fundamento Jurídico Cuarto se concluye que la decisión de la empresa consistente en que fuera la empresa Ecovidrio la que recogiera el vidrio “pone de manifiesto que con la firma de este Convenio se vulneraba el artículo 49 del convenio colectivo, en el que de forma clara se pactó que la retirada del vidrio, entre otros residuos, se realizaría por el personal de ESMASA”, indicando más adelante que “la decisión empresarial de pactar unos términos diferentes a los existentes en 2007 […] tenía incidencia en los intereses profesionales de los trabajadores del servicio […] no observándose  infracción del artículo 11.a) del Real Decreto-Ley 17/77, porque la causa de la misma era la defensa de los intereses de los trabajadores del servicio” continuando de la siguiente manera: “Ello por si sólo permite concluir con la desestimación de esta solicitud de la empresa sin necesidad de analizar las siguientes causas de la huelga invocadas en la convocatoria” Concluyendo que la asignación de la recogida del vidrio a una empresa externa, pese a la información ofrecida de mantenimiento de la plantilla, podía afectar a las condiciones de trabajo en la recolocación de los trabajadores que realizaban esas funciones, por lo que igualmente la convocatoria de la huelga se realizaba en defensa de los intereses de los trabajadores”.

Como que en los Fundamentos anteriores, en el Fundamento Jurídico Quinto se desestima la pretensión de declaración de ilegalidad por presencia de huelguistas en el centro de trabajo y en sus dependencias, indicando que “no hay mención a ningún otro hecho revelador de la presencia de los huelguistas en el centro de trabajo por lo que no se aprecia la infracción denunciada. Se concluye por tanto con la desestimación de la pretensión de calificación de ilegalidad de la huelga.”

Es en los Fundamentos Jurídicos siguientes cuando la sentencia habla del carácter abusivo de la huelga, mostrando argumentos que no se comparten y que serán objeto de recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia.

La discrepancia con las fundamentación presentada se basa en la inadecuada aplicación de la misma para el caso concreto del que se trata. Resulta evidente, y se comparte plenamente, como no podía ser de otra manera, que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo entiende que “la huelga es un derecho que tiene sus limitaciones y una de ellas es que no puede ejercerse de forma abusiva”, pero precisamente esta afirmación del Tribunal Supremo implica que debe existir una participación por parte de quienes ejercen el derecho de forma abusiva, no bastando la atribución genérica y arbitraria de unos hechos a los miembros de un comité de huelga que no participaron en dichos hechos, o dicho de otra manera, cuando la sentencia entiende que “hay que ponderar y valorar en cada caso la gravedad de la conducta de los participantes en actos ilícitos y así determinar si por la gravedad de los actos concurrentes la huelga fue abusiva”, resulta imprescindible demostrar que los miembros del comité de huelga, o los trabajadores huelguistas, participaron en alguna medida en dichos actos ilícitos para poder atribuirles la conducta ilícita que convierte la huelga en abusiva.

No existiendo vinculación fáctica alguna entre los miembros del comité de huelga o los trabajadores con los actos que la sentencia considera ilícitos (colocación estratégica de bolsas de basura, daños materiales en vehículos, incendios en puntos de acumulación de basura, etc), no cabe en ningún caso atribuir a nadie la autoría de dichos actos y por tanto no se puede responsabilizar de los mismos a los convocantes de la huelga ni se puede concluir que por ese motivo la huelga fuese abusiva. Pero este tema concreto deberá ser tratado y resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el correspondiente recurso.

Por desgracia, los vecinos de Alcorcón vemos todas las semanas diversos puntos de la ciudad en los que se acumula la basura, y se trata de una situación de normalidad, ocurre de forma normal sin que exista una situación de huelga, por lo tanto, en una situación extraordinaria de huelga, como la que se trata en la sentencia, resulta más que comprensible que se acumule basura de forma desproporcionada en las islas ecológicas, y no hace falta que nadie coloque nada de forma “estratégica”, porque son los propios vecinos los que dejan las bolsas “unas encima de otras”.

En conclusión, lejos de significar una victoria de las tesis mantenidas por el Ayuntamiento y por la empresa, esta Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, que no es firme y está a la espera de recurso, lo que viene a decir claramente es que, ante el incumplimiento del convenio por parte de la empresa, los trabajadores de ESMASA acudieron legítimamente a la huelga para defender sus intereses profesionales, que se cumplieron los servicios mínimos tal y como se aprobaron por el Ayuntamiento y que no hubo ocupación de las dependencias de la empresa, reduciéndose la declaración de “abusiva” a una interpretación subjetiva de unos hechos que erróneamente se atribuyen a los miembros del Comité de huelga y a los trabajadores huelguistas pero sobre lo que no existe prueba alguna que les vincule, quedando por tanto pendientes de la resolución del recurso de Suplicación.

Fdo.: Jesús Mijarra López

Secretario General del Sindicato de Limpiezas de Madrid

 

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